Los agroquímicos, en el centro del debate social sobre el modelo.

Agrotóxicos, agroquímicos, fitosanitarios. Tres palabras para designar un mismo producto que ayudan a calibrar el tamaño del debate social generado por el lugar central que las aplicaciones de productos químicos ocupan en el modelo agropecuario pampeano, cada vez más fragilizado desde lo ambiental y lo productivo tras años de prácticas de monocultivo y escasa atención de los poderes públicos.

Las aplicaciones sobre los cultivos y sus efectos sobre la salud humana vienen siendo observadas con lupa desde hace años por una variedad de actores sociales que van desde los habitantes de pequeñas localidades hasta médicos, abogados, ingenieros agrónomos, biólogos, ambientalistas y ahora, incluso, referentes religiosos.

El escenario de tensión entre el resguardo de los recursos naturales y la producción a gran escala que se despliega ante los profesionales del campo es de una complejidad creciente, con un control social cada vez más presente, originado en la despreocupación mostrada por buena parte de los actores privados y públicos durante los últimos años, durante los cuáles la ecuación financiera cortoplacista le ganó por abandono a la planificación.

Ante esto, algunas instituciones comenzaron a revisar prácticas y a reorientar políticas apuntando a otro modelo agropecuario, que incluya la rentabilidad como una de sus variables, pero que venga acompañado del respeto por el derecho a la salud humana y a los sistemas ambientales.

Con esa idea la facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario con sede en Zavalla, organizó la jornada “La trilogía: fitosanitarios, toxicología y medio ambiente” durante la cual agrónomos, médicos, empresarios y religiosos expusieron su visión sobre la problemática.

“De un tiempo a esta parte tenemos un fuerte control social encima nuestro, y bienvenido sea, porque hace 10 años no hacíamos una jornada para debatir sobre los agroquímicos”, dijo Luis Carrancio, uno de los expositores.

Desde la facultad, la primera intención es abrir el debate, ayudar a poner el tema en agenda y fijar posición institucional.

El menú de propuestas que vienen trabajando desde esa casa de estudios incluye la vuelta a los sistemas mixtos, la profesionalización de las aplicaciones y de la gestión ambiental de los campos, y la introducción de alternativas agroecológicas rentables y sustentables para las franjas periurbanas.

Universidad

La fragilidad del modelo productivo agropecuario pampeano, camuflada de 2000 a esta parte para una parte de los actores por su altísimo rédito económico, cruje más que nunca por la acción combinada de su rentabilidad en baja, y de demandas sociales cada vez más visibles y fuertes.

Persisten cuestiones estructurales que no ayudan a una gestión sustentable de los campos, con el régimen de tenencia de tierra, que funciona con mayoría de campos alquilados, como uno de los elementos centrales.

El Estado, que puso en pie un mecanismo aceitado para recaudar una parte grande de la “caja verde” que aporta el campo, no se esmeró de igual forma en trazar planes de ordenamiento territorial, ni en sistematizar los datos que muchos actores —incluso estatales como universidades— recopilan de manera parcial respecto al impacto de los agroquímicos sobre la salud humana.

La facultad de Agrarias tiene una parte central en el debate respecto a los agroquímicos, ya que allí se forman —como dijo uno de los expositores— quienes tienen “el monopolio” para elaborar las recetas de aplicaciones de agroquímicos.

Guillermo Montero, decano de esa facultad, abrió y cerró las jornadas con el mismo mensaje: “Es posible, es necesario, y es rentable generar alternativas sustentables para el sector agrícola pampeano que incluyan sistemas mixtos y producciones agroecológicas”.

Algo que debe estar acompañado por una profesionalización cada vez más grande de las prácticas agrícolas, como primer paso para garantizar el manejo correcto de los productos y de los sistemas.

Desde lo institucional, la facultad abrió la oreja a los enormes conflictos sociales generados por la aplicación de agroquímicos a mansalva y las fricciones entre vecinos, funcionarios y productores.

Frente a eso, como contó la ingeniera Susana Roseinstein al inicio de la jornada, se creó una comisión con la idea de fijar una postura institucional, algo que si bien tuvo sus altibajos sí logró instalar el tema de los agroquímicos en la agenda académica, con la parte que les toca asumir a los propios ingenieros agrónomos.

“Estamos pensando un plan de gestión ambiental integral para las 400 hectáreas que tenemos en el predio de la facultad, porque queremos una facultad comprometida con el ambiente que sea un ejemplo para el medio”, explicó.

Montero agregó que desde la facultad proponen volver a desarrollar la ganadería como opción, para retomar un camino de sistemas mixtos.

Respecto a los periurbanos en particular, desde ese lugar trabajan con dos ideas “concretas, rentables y financiables”: cortinas forestales multipropósito; y franjas con cultivo de chia.

Respecto a la formación de los ingenieros, y a la posibilidad de incorporar materias a la currícula como la ética, Montero recordó que esos cambios —por la legislación que rige a las universidades— “son muy lentos y difíciles de hacer”.

“Toda intervención humana genera un conflicto con la naturaleza, sobre todo si las soluciones sólo quedan en el ámbito del mercado”, señaló por su parte Gastón Huarte, el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la II circunscripción.

Una visión médica

Mirta Ryczel es médica toxicológica y estuvo al frente del panel sobre “Toxicología y salud en el uso de productos fitosanitarios”. La experta destacó que para el caso de las intoxicaciones crónicas, como podría ser el caso de una exposición prolongada durante años a los agroquímicos, es “muy difícil” establecer causa y efecto ya que en la mayoría de los casos se trata de síntomas “comunes a muchas enfermedades”.

“La diferencia entre toxicidad y riesgo depende de las dosis suministrada, y de la forma de utilización”, dijo Ryczel, quien informó que si bien desde el ministerio de Salud de la Nación se toma nota de las intoxicaciones por plaguicidas, existen muy pocos casos reportados bajo esa modalidad.

También reconoció que no hay una sistematización estricta de la información, ni tampoco se discrimina si las intoxicaciones por plaguicidas son de zonas rurales o zonas urbanas, y que no existe por el momento un estudio concreto sobre los potenciales efectos del glifosato.

La científica desestimó la hipótesis de que existen más casos de cáncer en zonas fumigadas, al sostener que los registros sobre enfermedades oncológicas de los últimos 15 años sitúan a Argentina en los mismos números que el resto de los países de la región.

Luis Carrancio abordó la ecotoxicología de los fitosanitarios desde una mirada crítica: “tenemos un fuerte control social encima nuestro ahora, y bienvenido sea, porque hace 10 años no hacíamos una jornada para debatir sobre los agroquímicos”, dijo, para agregar: “hoy la folletería ha reemplazado a los manuales de uso, y eso significa algo”.

Para el especialista, los agroquímicos son sustancias peligrosas cuya aplicación responsable recae en los hombros de los ingenieros agrónomos: “tenemos el monopolio sobre la aplicación de estos productos”.

Entre los causales de accidentes, mencionó las limitantes estructurales (sin el equipo adecuado), la “falta de conciencia”, o la falta de información y capacitación.

La ecotoxicología toma en cuenta los efectos sobre el sistema de las aplicaciones, la deriva del producto (todo lo que va a parar a algún lugar que no es el objeto en concreto), de las cuales las más importantes son la infiltración en suelos o en el agua, o la dispersión en el aire: “la toma de decisión es clave, hay que tener en cuenta muchos elementos a la hora de elegir los productos, hacer análisis para optar por el producto menos peligroso”.

Por su parte, Daniel Grenón abordó la problemática del impacto ambiental de los fitosanitarios, y volvió a destacar que los ingenieros agrónomos son los únicos responsables del uso de los plaguicidas en el ambiente.

“El problema es el enfoque. No hay que pensar sólo en la rentabilidad, tiene que entrar la ética. Ahora tenemos toda la información, es cuestión de saber si queremos o no ser responsables”.

Grenón es parte de un equipo que está armando un índice que permita planificar las aplicaciones, un método “sencillo y barato” que si bien no es exacto, “sirve para prevenir”.

Este indicador permite combinar las propiedades del producto con las condiciones dinámicas del ambiente, más las tecnologías y buenas prácticas de aplicación.

“Formar un ingeniero agrónomo en la universidad pública no es gratis como muchos piensan, cuesta unos 35 mil dólares, y a eso lo paga toda la sociedad. Hay que devolver eso bajo la forma de mayor sustentabilidad”, afirmó.

La visión empresaria. Casafe (Cámara de sanidad agropecuaria y fertilizantes) tuvo lugar para exponer su voz en la jornada a través de la exposición de Martín Elorza, quien insistió en los planes de capacitación puestos en marcha por esa entidad, así como con el uso responsable de productos y reciclado de envases.

Elorza recordó que existe cada vez menos cantidad de tierra arable por persona, lo que hace imprescindible agregar tecnología, como fue en Argentina la adopción de la siembra directa, que hoy se utiliza en el 90% de las explotaciones. Destacó que las exigencias del Senasa respecto a los agroquímicos son cada vez más importantes, algo que incluso “retrasa” la inclusión de nuevos productos. Según su visión, la producción sin agroquímicos cae hasta un 40%.

También señalo que en el país se utilizan cada vez más productos de banda verde, pero que hay que “usarlos bien”: sin fraccionar, con transporte y almacenamiento seguro.

Respecto a los límites a las fumigaciones propuestos por las organizaciones sociales, argumentó que si se prohibe fumigar a 1.000 metros de la línea habitada “se pierden un millón de hectáreas”, y sostuvo que desde Casafe proponen un límite (que igual consideró exagerado) de 100 metros para las aplicaciones terrestres, y de 200 para las áreas, algo que “lamentablemente no está siendo tomado por las provincias”. Su conclusión fue que con buenas prácticas, “todos los productos son seguros”.

La visión de la iglesia

La reciente publicación de la encíclica Laudato Si por parte del Papa Francisco puso en primera línea la visión de la iglesia católica sobre los desafíos ecológicos que enfrenta el planeta, con algunas referencias muy claras y explícitas en relación a los límites sociales y ambientales del sistema agropecuario pampeano.

Atento a este escenario, participó de las jornadas fray Luis Scozzina, del Centro Franciscano de Estudios y Desarrollo Regional. “La encíclica está inspirada en San Francisco de Asís y su Cántico a las criaturas, es la comunicación con Dios a través de la naturaleza”.

Algunas de las claves del documento tienen que ver con la necesidad de dialogar “con todos”. “Estamos en una situación grave, pero que podemos cambiar. Para eso precisamos un nuevo diálogo”.

La Laudato Si es también el final de la mirada optimista sobre el desarrollo del concilio de los años 60: “Francisco propone un nuevo paradigma ecológico más avanzado que el de las Naciones Unidas”.

La postura de la iglesia tiene que ver con un contexto de “abuso” de los bienes nunca visto, una “rapidación” que acelera al máximo los ritmos de la vida y del trabajo.

“La encíclica plantea que el ambiente humano y el natural se están degradando a la par”, dijo, para agregar que hay un llamamiento para asumir la raíz humana de la crisis ecológica.

Fuente: Diario La Capital