El Ambiente y el Rol del Estado
* Juan Manuel Plá
El abordaje integral de la problemática ambiental hecho por Francisco a través de su carta encíclica Laudato Sii, ha puesto en el escenario de la política mundial la complejidad que reviste el fenómeno del cambio climático y el deterioro ambiental. Éste documento, emanado de la pluma papal, hace un abordaje integral de la problemática a nivel global, sin ceñir el debate al deterioro ecológico-biológico, y amplía los horizontes de la discusión diagnosticando las causas de este virus. El modelo productivo, la desigual distribución de la riqueza, el paradigma del consumo y la explotación del hombre por el hombre, son los síntomas más claros de la patología ecológica y social que padecemos, cuyo único remedio es una “urgente revolución cultural” en pos de la preservación de nuestra Casa Común.
En este escenario, resulta fundamental la actuación de los Estados Nacionales en su rol de regulador de las políticas ambientales, tal cual lo establece nuestra Ley General del Ambiente (Ley 25.675), a fin de garantizar una “gestión sustentable y adecuada del ambiente”. Así, el Estado -garante del “Ordenamiento Ambiental del Territorio” (art. 9)- asume un rol fundamental en el monitoreo y contralor de los actores económicos que intervienen en toda obra o actividad “susceptible de degradar el ambiente”, a quienes les debe exigir la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental (art. 11).
La importancia del Estado en la regulación de las políticas públicas –entre ellas las políticas ambientales- es fundamental para garantizar la equidad entre las distintas fuerzas en disputa dentro del escenario político. Genera desconfianza que algunas fuerzas políticas promuevan “un cambio” como eslogan de campaña, asignando tácitamente al Estado el lugar de “espectador de lujo”, pues no hay que ser demasiado avezado para darse cuenta que ese “cambio” intenta instalar –nuevamente-, las políticas del “laissez faire” que generaron en Argentina el “desordenamiento ambiental del territorio” a la luz de los dictados del mercado, menoscabando la calidad de vida de los ciudadanos de a pie.
Por otra parte, vemos que en la configuración del nuevo mapa geopolítico internacional, se hace cada vez más evidente la “división internacional del ambiente” (neologismo adaptado de la propuesta de Adam Smith), en la cual se sigue asignando a América Latina la función de patio trasero de las metrópolis europeas. Así, nos maravillamos de los avances tecnológicos en materia de desarrollo limpio de las grandes empresas multinacionales, las cuales realizan el trabajo sucio en nuestra región y producen sin externalidades (emisiones de gases de efecto invernadero, efluentes industriales, contaminación del suelo, etc) en su país de origen. En este escenario, será necesario que los Estados Nacionales afiancen los lazos regionales a fin en pos de la salvaguarda de su soberanía.
Si se otorga libre albedrío a las leyes de la oferta y la demanda, la preservación del ambiente y la biodiversidad (y su importancia como determinantes de la salud de los seres humanos), se relativizan a la luz de las ganancias del mercado. Este fue uno de los temas que abordó la Dra. Patricia Pintos (Universidad Nacional de la Plata-CONICET) cuando se refirió a las inundaciones en la cuenca del Río Luján, al observar que el impacto de las políticas de Estado de los años ’90 generaron un “Neoliberalismo Geográfico”, como consecuencia de “dejar hacer al mercado, flexibilizar las reglas de juego y los procedimientos para que los mercados pudieran dinamizar las economías locales y alcanzar el tan pregonado derrame hacia otros sectores”.
El achicamiento del Estado (ineficiente y deficitario, pero sobre todo agobiante y molesto), se presenta como La Política a ejecutar. Pues un Estado “amigable”, implica en materia ambiental el despilfarro de externalidades sin responsables, y el ahorro de millones de dólares para el sector privado. El costo de un progreso que -por lo general- es soportado por los sectores más vulnerables de nuestra población.
“Ante la posibilidad de una utilización irresponsable de las capacidades humanas, son funciones impostergables de cada Estado planificar, coordinar, vigilar y sancionar dentro de su propio territorio. La sociedad, ¿cómo ordena y custodia su devenir en un contexto de constantes innovaciones tecnológicas? Un factor que actúa como moderador ejecutivo es el derecho, que establece las reglas para las conductas admitidas a la luz del bien común. Los límites que debe imponer una sociedad sana, madura y soberana se asocian con: previsión y precaución, regulaciones adecuadas, vigilancia de la aplicación de las normas, control de la corrupción, acciones de control operativo sobre los efectos emergentes no deseados de los procesos productivos, e intervención oportuna ante riesgos inciertos o potenciales. Hay una creciente jurisprudencia orientada a disminuir los efectos contaminantes de los emprendimientos empresariales. Pero el marco político e institucional no existe sólo para evitar malas prácticas, sino también para alentar las mejores prácticas, para estimular la creatividad que busca nuevos caminos, para facilitar las iniciativas personales y colectivas” Francisco I. Carta Encíclica “Laudato Sii”. Pto 177
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